Posicionamiento de la COALICION

“La salud no es un negocio”

 

En un momento cumbre de nuestra historia, en que se recuperan poco a poco y con el protagonismo de los jóvenes, los proyectos nacionales en el Continente y el mundo derrotando lentamente la oleada neoliberal que destruyó los aparatos productivos y desmanteló los Estados,  nosotros y nosotras, reafirmamos del principio de la salud como derecho inalienable del ser humano, que debe garantizarse universalmente y con calidad como una conquista sagrada de los y las trabajadores y trabajadoras.

 

La salud constituye, además, uno de los pilares sobre los cuales descansan los objetivos de toda política social diseñada por el Estado, en el ideal de lograr una vida digna, al igual que otros servicios básicos como la educación, el trabajo, la seguridad, la alimentación y la vivienda.

 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, a sus 10 años de implementación, sigue arrastrando las deficiencias y contradicciones que dieron origen a la elección del actual modelo en 2001, basado la racionalidad del mercado y que prioriza las ganancias de los intermediarios, antes que los derechos y la solidaridad y que fue impuesto por sobre modelos solidarios y nacionales como existen en otros países.  Actualmente la obligatoria universalidad, justo a vencer el plazo decidida para lograrla, no alcanza ni el 50%. Sin embargo, el costo de los servicios de salud se ha multiplicado significativamente, siendo cobrados doblemente, en los impuestos y en las cotizaciones, sin que el servicio mejore su calidad y quedándose los beneficios en manos de empresas privadas. Al contrario, existen muestras fehacientes de las distintas formas en que las empresas administradoras de riesgos se las ingenian para obstaculizar y negar los servicios que la población demanda. Evadir el pago, es precisamente la mejor forma de reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia, único objetivo de una empresa, independientemente del servicio prestado.

 

El costo de intermediación de los servicios de salud y de seguridad social es demasiado elevado, reduciendo los ingresos familiares y engrosando los privilegios a un pequeño conjunto de empresas y bancos que manejan para su beneficio los ahorros y las contribuciones de los millones de trabajadores dominicanos, no contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de la mayoría de los ciudadanos y creando además, una súper-abultada burocracia estatal y privada a costa de los recursos de trabajadores y empleadores.

 

En el plano institucional, el carácter tripartito de las decisiones (Estado, obrero y patronal), debido a la debilidad orgánica de los sindicatos y a la falta de institucionalidad del Estado, permite que se impongan los intereses del sector con más poder, con un derecho a veto absolutamente innecesario. La realidad es que la estructura de la sociedad ya no se corresponde con esta división, lo que demanda la creación de otros mecanismos de participación y de control social del Sistema, donde predomine lo público y lo nacional.

 

Existe además una grave anomalía en la rectoría del sistema que permite que los actores regulados ocupen también una posición como reguladores, lo cual genera una asimetría en el poder de decisión y hace a los intermediarios jueces y partes de una organización de la que son principales ganadores.

 

Para quienes suscribimos este documento, la salud, ni la seguridad social deben estar expuestas a influencias mercantiles, ni sujetas a intereses privados. La salud debe ser gratuita, universal, preventiva, de calidad y de propiedad social o estatal.

 

Proponemos, por tanto,  que se sustituyan y se fundan las leyes 42-01, Ley General de Salud y la Ley 87-01, del Sistema de Seguridad Social, cuya dispersión no tiene razón de ser, en una nueva Ley General de Salud y Seguridad Social que devuelva al Estado, con control y participación social y de los poderes locales, el control del sistema de salud y seguridad social, a través de las instituciones estatales como son SENASA y la AFP Banreservas, asegurando una institucionalidad que garantice eficiencia, eficacia, transparencia y distancia de conflictos de intereses.

 

Proponemos la reforma del Consejo Nacional de Seguridad Social, incluyendo nuevos actores, dando más participación a las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y eliminando el Veto, que lo convierte en un instrumento excluyente y de control del Poder, y dejando fuera las entidades reguladas.

 

Proponemos un sistema de salud y seguridad social justo, donde lo público sea lo determinante. En ese sentido, en materia de salud, reivindicamos el fortalecimiento y readecuación profunda del Sistema Público de provisión de Salud, y con ello, a la red nacional de prestadores de servicios de salud públicos, como única y expedita manera de facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas pobres a un servicio digno de salud.

 

En cuanto a los RD$120 mil millones de pesos que los bancos tienen en sus arcas, adquiridos por su Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s) con quienes negocian, exigimos su preservación y devolución a la entidad estatal (AFP Reservas) para que puedan, bajo estrictos criterios de seguridad, ser invertidos en provecho de los trabajadores que los aportaron.

 

En lo inmediato, exigimos  la anulación de las resoluciones 257-01 y 260-06 relativo a la devolución y/o créditos de los fondos acumulados en la Administradora de Riesgos Laborales, los cuales deben servir única y exclusivamente para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras accidentados y no para festinarse entre los empleadores, con la vergonzante complicidad de la burocracia sindical.

 

La Salud ni la Seguridad Social son un negocio, ni mucho menos una bien lucrativo con el cual se pueda intermediar, atesorar ganancias y denegar este derecho a millones de dominicanos y dominicanas.

 

Nos unimos en el debate de la Seguridad Social, con el interés plantear que la solución a los problemas que ha enfrentado el sistema, no está en imponer remiendos a un modelo privatizado y excluyente, si no, en propiciar un debate que nos lleve a una solución de mayor alcance, transformando el Sistema en base a su desprivatización, priorización de la prevención, universalidad, control social, descentralización y enfoque de derechos.

 

No existe una solución a medias, la respuesta debe ser contundente y definitiva, la salud debe ser llevada, desde el estímulo insaciable de los bancos y las aseguradoras privadas, al derecho inembargable que debería de ser.

 

Abogamos por un sistema funcional y humano, eficiente, preventivo, descentralizado, de atención primaria, fiscalizado celosamente por la sociedad, regulado por los organismos públicos y que privilegie la participación de todos los sectores sociales.

 

A estos 10 primeros años del modelo neoliberal de Salud y Seguridad Social, todavía queda mucho trecho por recorrer y desandar en esta trascendente tarea de legar a la juventud, a los envejecientes, a las madres solteras y vulnerables, y al pueblo en general, un genuino servicio público de salud que albergue al ser humano como el fin de las atenciones y los servicios de salud. Este es nuestro compromiso bajo la consigna de “la Salud no es un Negocio”.

Organizaciones

Colegio Medico Dominicano- CMD

La Multitud

Foro Ciudadano

Asociación Dominicana de Profesores -ADP

El Foro Social Alternativo- F.S.A

Federación Dominicana de Discapacitados

Centro Montalvo

FUNDELOSA

COALICION DE ONG POR LA INFANCIA

Coordinadora de Animación Social y Comunitaria (CASCO)

Movimiento Se Puede

Consejo organizaciones Región oriental "CORO"

Juventud Caribe

Fundación Justicia y Transparencia

Movimiento Caamañista

Centro Antonio Montesino – CEAM

Toy Jarto pero Creo en mi Pais

Fundación Conciencia y Esperanza (FUNCOES)

Juventud Patria Para Todos

Movimiento de Trabajadores Independiente -MTI-.

 

 

Personas

Matias Bosch

 Maribel Hernandez

Fanny Beltre